La sentencia condenatoria del juez Baltasar Garzón -11 años de inhabilitación para ejercer como juez por ordenar escuchas ilegales fue la sentencia del Tribunal Supremo de España- es un atentado a cualquier atisbo de justicia y razón. Vaya por delante que un servidor nunca ha tragado a este juez estrella. Esto no es óbice, sin embargo, para reconocerle un cierto coraje al juez para enfrentar, entre otras, el olvido de los desaparecidos y víctimas de la dictadura de Francisco Franco. La resolución, como señalan la mayoría de juristas que no militan en la extrema derecha, es un sinsentido sin pies ni cabeza. De las tres causas simultáneas contrá Garzón, la de la Gürtel debía acabar sí o sí en condena, más allá de los argumentos jurídicos, porque expulsar al juez de la magistratura por la causa del franquismo comportaría un escándalo internacional. La causa abierta por el caso Gürtel es la que tenía más posibilidades de construir una sentencia condenatoria más técnica, aunque no haya rastro jurídico de prevaricación. El Supremo necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica y, aunque está completamente fuera de lugar, la de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde el punto de vista técnico.
La sentencia contra Garzón elimina cualquier posibilidad para investigar la corrupción en España.
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